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Los puntos clave de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia

Publicado el 20 de junio de 2021

Los puntos clave de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia

El 25 de junio de 2021 entró en vigor la LO 8/2021, que tiene por objeto la garantía de los derechos fundamentales de los menores de edad ante cualquier forma de violencia, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de los factores de riesgo y de sus consecuencias. Así pues, se plantea una revisión y adaptación de la normativa vigente, realizándose modificaciones y adiciones a los principales cuerpos legales, entre otros: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, etc.

La Ley de protección integral a la infancia ya la adolescencia ante la violencia plantea medidas para garantizar la integridad física, psíquica, psicológica y moral de los niños y adolescentes ante cualquier tipo de violencia, otorgando especial prioridad a la prevención, la socialización y educación, tanto de los menores, como de las familias y la misma sociedad civil.

Se establecen medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima. Se plantean también mecanismos orientados a propiciar la colaboración con las comunidades autónomas, a fin de favorecer que el conjunto de administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, se impliquen en su implementación.

Inicialmente, la Ley realiza una delimitación detallada del concepto de violencia sobre la infancia y la adolescencia, indicando de manera clara los fines y criterios generales de la ley. Regula también la formación especializada de profesionales, inicial y continuada, que tienen contacto habitual con menores y contempla la necesaria coordinación y cooperación entre las administraciones públicas.

A lo largo del cuerpo de la ley establecen los siguientes derechos y deberes:

A. Derechos de los niños y adolescentes ante la violencia:

  • Derecho a información y asesoramiento.
  • Derecho a ser escuchados.
  • Derecho a una atención integral.
  • Derecho a intervenir en el procedimiento judicial.
  • Derecho a la asistencia jurídica gratuita.

B. Deber de comunicación de situaciones de violencia.

Afecta al conjunto de la ciudadanía, que está obligada a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de indicios de violencia ejercida a menores. Este deber es de mayor intensidad por los profesionales encargados de la asistencia, cuidado, enseñanza o protección de los menores.

Con este fin, las administraciones públicas deberán proporcionar a los referidos profesionales los medios necesarios, accesibles también para los menores, teniendo especial relevancia los medios electrónicos.

Se prevé también la obligación de comunicar la existencia de contenidos en la red que constituyan violencia o abuso sobre niños o adolescentes, con independencia de si tienen carácter delictivo o no.

C. Medidas de sensibilización, prevención y detección precoz de la violencia sobre menores.

Se prevén para todos los ámbitos (familiar, educación, sanidad, deporte, nuevas tecnologías, etc.) y para todas las administraciones, servicios sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridades, etc. Regulando planes estratégicos, protocolos y reforzando recursos. Destacar las siguientes:

  • En los centros educativos se prevé la figura del coordinador de bienestar para el correcto funcionamiento de los protocolos y se atenderá a la capacitación de los menores en materia de seguridad digital.
  • En el ámbito de los servicios sociales, se atribuye la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios que trabajan ahí.
  • En el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se establece la obligación de evitar tomar declaración a un menor, excepto en los casos que sea absolutamente necesaria.
  • Se amplía la exigencia del requisito para actividades de contacto habitual con menores de no haber cometido delitos contra la libertad o indemnidad sexual o de trata de seres humanos. Se extiende también la obligación de acreditar el requisito de no haber cometido delitos contra la libertad e indemnidad sexual a todos los trabajadores/as, por cuenta propia o ajena, tanto del sector público como privado, así como a los voluntarios.

D. Actuaciones en centros de protección de menores.

Deviene obligatorio aplicar protocolos de actuación, atención reforzada en la prevención, detección precoz e intervención en los posibles casos de abuso, explotación sexual o tráfico de seres humanos en los que las víctimas sean menores. Destacar también la supervisión de los centros por parte del Ministerio Fiscal.

E. Organización administrativa

Se prevé la creación de un Registro Central de Información de la violencia contra la infancia y la adolescencia para remitir información las administraciones públicas, el Consejo General del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Se regula la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y se desarrolla y amplía la exigencia del requisito para actividades de contacto habitual con menores de no haber cometido delitos contra la libertad o indemnidad sexual o de trata de seres humanos.

 

Además, esta ley implica una importante labor de actualización y reforma de diferentes cuerpos legales con incidencia en la lucha contra la violencia sobre menores. Destacamos las siguientes modificaciones:

A. Ley de Enjuiciamiento criminal.

  • Se recoge en el texto legal la jurisprudencia que permite a las víctimas y perjudicados personarse en la causa una vez haya transcurrido el plazo para formular escrito de acusación, siempre que se adhieran a los presentados por el Ministerio Fiscal o el resto de acusaciones, garantizando así una mayor seguridad jurídica de víctimas y perjudicados.
  • Se incluyen excepciones a la dispensa de la obligación de denunciar, obligando al cónyuge y familiares cercanos del autor a denunciarlo si el delito es grave y se ha cometido contra un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
  • Se recogen excepciones a la dispensa de la obligación de declarar a fin de proteger en el proceso penal a personas menores de edad o con discapacidad necesitadas de especial protección.
  • Regulación completa y sistemática de la prueba preconstituida y de los requisitos necesarios para su validez.
  • Se modifican las medidas cautelares con carácter penal y con naturaleza civil que pueden adoptarse durante un procedimiento penal que puedan afectar a menores de edad o personas con discapacidad.

B. Código Civil

  • Se prevé la posibilidad de adoptar cautelas que refuercen el interés superior del menor en los procesos matrimoniales con relación al cumplimiento de los regímenes de guarda y custodia. Teniendo especial relevancia las previstas ante la existencia de un proceso penal relacionado con la violencia doméstica.
  • Clarificación de la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos, correspondiente a ambos progenitores. Así pues, en principio, se requiere el consentimiento de ambos o, en su defecto, de la autoridad judicial, con independencia del régimen de guarda establecido.
  • Se prevé también la posibilidad de acordar la suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas y comunicaciones, para apartar al menor de una situación de peligro, con la garantía de la audiencia del menor.
  • Regulación de los supuestos de tutela y guarda provisional de las entidades públicas de protección.

C. Código Penal.

  • Nueva regulación de los delitos de odio:
  • La edad se incorpora como causa de discriminación, tanto con relación a niños y adolescentes como personas de edad avanzada. Se incluye también el aporofobia y la exclusión social.
  • Se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves contra menores y se modifica el día de inicio del cómputo del plazo (a partir de que la víctima haya cumplido los 35 años).
  • Se elimina el perdón del ofendido como causa de extinción de la responsabilidad cuando la víctima sea menor.
  • Se incluye la imposición obligatoria de la pena de privación de la patria potestad a los condenados por homicidio o asesinato cuando el autor tuviera un hijo común con la víctima o el menor fuera hijo de éste.
  • Incremento de la edad, de 12 a 14 años, a partir de la que es aplicable el subtipo agravado del delito de lesiones.
  • Modificación del tipo agravado de agresión sexual, del tipo de abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años y prostitución y explotación sexual y corrupción de menores.
  • Inclusión de algunas limitaciones a efectos de extinción de la responsabilidad criminal por el consentimiento libre de los menores de 16 años cuando el autor es una persona cercana a la víctima, en edad y grave de desarrollo físico y psicológico, siempre que no se trate de un atentado contra la libertad sexual del menor.
  • Modificación del delito de sustracción de menores, pudiendo ser sujeto activo tanto el progenitor custodio como el no custodio.
  • Se crean nuevos tipos penales relacionados con el uso de los medios tecnológicos, en casos en que se promueva el suicidio, la autolesión o los trastornos alimentarios entre menores de edad o delitos sexuales.

D. Ley de Enjuiciamiento Civil

  • Oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores:
  • Reducción de los plazos del procedimiento (3 meses).
  • Posibilidad de que los menores elijan sus defensores.
  • Posibilidad de adoptar medidas cautelares.

E. Ley Orgánica del Poder Judicial:

  • Se prevé la formación especializada de jueces y fiscales.

F. Ley de Asistencia Jurídica Gratuita:

  • Se reconoce el derecho a menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección derecho a la asistencia jurídica gratuita con independencia de sus recursos económicos.

G. LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor:

  • Revisión de los indicadores de riesgo.
  • Se facilita la intervención de los servicios sociales en casos de urgencia.
  • Se plantea un sistema de garantías en los sistemas de protección a la infancia, pensado especialmente para MENAs y adolescentes sin cuidado parental.
  • Se incluyen las condiciones y el procedimiento aplicable a las solicitudes de acogida transfronteriza de menores procedentes de otros estados de la UE o de estados miembros del Convenio de La Haya 10/19/1996.

H. Ley de Jurisdicción Voluntaria:

  • Se asegura el derecho de los menores a ser oídos en los expedientes de su interés, garantizando su derecho de defensa y a expresarse libremente.

I. Otras leyes que modifica:

  • Medidas de protección integral contra la violencia de género (LO 1/2004)
  • Responsabilidad penal de los menores (LO 5/2000)
  • General penitenciaria (LO 1/1979)
  • General de publicidad (L 34/1988)
  • Estatuto de la víctima del delito (L 4/2015)
  • Infracciones y sanciones en el orden social (RDLeg 5/2000)
  • Autonomía del paciente (L 41/2002)
  • Ordenación de las profesiones sanitarias (L 44/2003)
  • Actualización de la denominación de la especialidad en medicina legal y forense. (LO 7/2015)