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Los puntos clave de la ley de apoyo a las personas con discapacidad

Publicado el 13 de junio de 2021

Los puntos clave de la ley de apoyo a las personas con discapacidad

La Ley 8/2021, de 2 de junio, pretende adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual en su artículo 12 proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto en todos los aspectos de la vida, obligando a los Estados Parte a adoptar las medidas necesarias para su ejercicio.

La presente reforma permitirá a las personas con discapacidad intervenir de manera directa en la toma de decisiones que les afectan, con el apoyo necesario y proporcional a sus necesidades concretas, en lugar de sustituirlas en el ejercicio de la capacidad jurídica, como se había hecho hasta ahora.

Esta reforma implica modificaciones significativas en diversas áreas:

  • Código Civil. Se trata de la modificación más extensa, afectando una veintena de artículos a lo largo del cuerpo legal y modificando íntegramente los Títulos IX, X, XI y XII. Estos cambios establecen el nuevo sistema, el cual se fundamenta en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. La nueva regulación deja de pivotar en torno a la incapacitación y la modificación de la capacidad, sino que parte de la idea de que la capacidad es inherente a la persona y no se puede modificar, dando el apoyo adecuado y proporcional a la persona en función de las sus necesidades.
  • Proceso civil. Se sustituyen los procesos de modificación de la capacidad previstos en el Título I del Libro IV de la LEC por los que van dirigidos a apoyar a las personas con discapacidad, dándose preferencia a la vía de la jurisdicción voluntaria ya facilitar que las personas con discapacidad puedan intervenir de manera activa en cuestiones que las afectan.
  • Jurisdicción voluntaria. La reforma introduce el nuevo expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad para los casos en que no exista oposición.

También se modifica el procedimiento de rendición de cuentas del tutor (en el caso de menores) o el curador (para personas con discapacidad), de tal manera que sólo será necesario comparecer ante el Juez cuando así lo solicite algún interesado, evitando la reiteración de vistas como ocurría actualmente.

Por otra parte, con respecto al expediente de autorización judicial de actos de enajenación o gravamen de bienes propiedad de menores o de personas con discapacidad, se establece que la intervención de abogado y procurador sólo será preceptiva cuando la su complejidad lo exija o haya intereses contrapuestos, y no en cualquier operación que superara los 6.000 euros como hasta ahora.

  • Ley Hipotecaria. Se modifican los artículos relativos a la incapacitación y se suprime el libro de incapacidades.
  • Registro civil. Las medidas de apoyo accederán al registro civil como datos sometidos al régimen de publicidad restringida, a fin de respetar los derechos fundamentales, la intimidad y los datos personales de las personas con discapacidad.
  • Código penal. Se modifican algunos elementos relativos a la responsabilidad civil derivada de ilícito penal cuando ésta recae sobre una persona que no es la autora del hecho delictivo; y la adopción de medidas de apoyo para los casos de exención de responsabilidad criminal de persona con discapacidad.
  • Código de Comercio. Se elimina toda referencia a las personas con discapacidad, ya que la cuestión se regirá por el Código Civil.
  • También se modifican la Ley del Notariado y la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, adaptando su regulación al nuevo paradigma.